Gabriela Francisconi está compartiendo una carta con un pedido desesperado para la intervención especializada que ayude a recuperarse del consumo problemático a su sobrino.
La conducta del joven, como consecuencia de la adicción, genera situaciones traumáticas en todo el entorno familiar.
El padre y la abuela han sido las víctimas directas de las agresiones físicas y verbales que están provocando malestares psicológicos preocupantes en esas personas.
De un tiempo a esta parte por distintos motivos los integrantes del grupo familiar han llamado a la Policía y recurrido a la Justicia para declarar en contra del joven o pedir medidas de distanciamiento.
La mujer está requiriendo que los operadores del sistema judicial ordenen la internación en un centro de salud especializado en la recuperación de personas con trastornos severos provocados por el consumo problemático.
¿A quién se le pide ayuda cuando las justicia “no actúa”?
Esta persona que fue criado como todo niño desde los tres años, actualmente tiene veinticinco. Se encargó de destruir su vida y de todos lo que la rodeamos.
Hace once años que luchamos con la maldita adicción. Y no porque no haya contado con los medios para una recuperación.
Desde hace meses está perdido en la droga. Ahora se dedica a golpear a mi hermano (padre del joven); destruirle la casa y amenazarlo de muerte constantemente.
Mi madre tiene con 82 años. Es una adulta mayor que vive encerrada pensando cuando el nieto va a violar la perímetral y hostigarla.
Desde el 26 de septiembre tiene una “prohibición de acercamiento” judicial activa, la cual no respeta.
La Policía lo detiene un día y lo dejan libre en los procesos judiciales.
Los señores Fiscales no toman carta en el asunto, pero cuando haya muertos si van intervenir en el esclarecimiento del caso con una víctima fatal.
Justicia nefasta que sólo le dan derecho a los hostigadores.
¿Dónde están los derechos de una familia honrada?
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