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Días pasados en el Juzgado Correccional 2 se debatió un episodio delictivo que permitió el aislamiento sanitario durante la pandemia por Covid-19 y terminó en condena para la encargada de un geriátrico.
Una seguidilla de circunstancias permitió que dentro de un establecimiento de cuidado y asistencia de personas mayores se diera el marco para que una enfermera ponga en riesgo la salud de dos mujeres para obtener un beneficio económico.
Así lo consideró el fiscal Fernando D´Elío a lo largo del debate oral y público en el cual declararon varios testigos del caso, como médicos que atendieron a las adultas mayores y personas allegadas a lo ocurrido desde julio de 2020 hasta el mismo mes del año siguiente.
En la acusación D´Elío consideró todo el contexto de lo ocurrido para que la enfermera obtuviera una rentabilidad de la estadía mensual que abonaban los familiares de dos adultas mayores que perjudicó patrimonialmente al propietario del geriátrico y puso en riesgo la salud física y mental de ambas residentes.
La Fiscalía 7 expuso todo el devenir de la situación dolosa provocada por las maniobras de la encargada. La agente sanitaria ingresó a trabajar al geriátrico particular de la zona céntrica en el año 2017 y por su desempeño fue logrando asumir mayores responsabilidades dentro del establecimiento.
Al comenzar la Pandemia por Covid-19 el dueño del establecimiento de cuidados de adultos mayores estuvo internado y para su recuperación no podía asistir en forma presencial al geriátrico.
El propietario le delegó las funciones a la hija, quien se ocupó de la administración, pero de la puerta para afuera ya que las normas de distanciamiento establecían rigurosas medidas de cuidados a los adultos mayores.
La enfermera adquirió el rol de liderazgo de lo que pasaba dentro de las instalaciones sanitarias. Al punto tal, que incorporó a dos nuevas residentes en julio de 2020 sin comunicárselo a los propietarios.
La mujer hizo el arreglo comercial con los familiares y cada mes les cobraba la estadía y les recibía las medicaciones, pañales y suplementos dietarios que tenían que tomar.
Los dueños instalaron cámaras de seguridad para monitorear, en vivo y en directo, las actividades dentro de las instalaciones. Por normativa de privacidad: los dispositivos de video vigilancia sólo quedaron instalados en el comedor y la cocina. Las habitaciones de las residentes quedaron exentas de esas instalaciones.
Tal como lo tenían registrado los propietarios: en el geriátrico había sólo cinco residentes; quienes recibían su alimentación, cuidados médicos y asistencias de todo tipo.
Pero en realidad, durante un año hubo siete adultas mayores dentro de las instalaciones. Dos de ellas, no figuraban como residentes del edificio, que era una casa adaptada a un centro de cuidados y asistencia permanente.
Las dos mujeres adultas mayores incorporadas por la encargada, a espaldas de los propietarios, ocupaban una habitación lindante con el garaje, distante del comedor y la cocina donde estaban las cámaras.
Uno de los delitos del que la encontró penalmente responsable el juez Alejandro Salguero fue el de “abandono de persona”. Esta figura se ha dado en una de las dos mujeres cuyo deterioro sanitario fue notorio al punto que tuvo ser internada en una sala de cuidados intensivos cuando la retiraron familiares.
En la acusación, la Fiscalía sostuvo que las mujeres no comían al igual que las demás residentes ya que el alimento que le proveían los propietarios estaba establecido para esa cantidad.
Por ese motivo, la encargada les hacía adquirir a los familiares de las dos mujeres, que cuidaba sin el conocimiento de los propietarios, un suplemento dietario con la excusa de problemas de deglución y otras consideraciones sanitarias.
Las víctimas directas de la maniobra fraudulenta de la enfermera fueron las dos adultas mayores; quienes empeoraron su estado de salud, física, emocional y no recibían los estímulos necesarios para tener la mejor calidad de vida posible.
Lograron acreditar, durante el debate, que no las incluyó en el plan de vacunación por Covid-19 que llevaron adelante entidades oficiales. La encargada ocultó la presencia de las dos víctimas para que no queden registros.
Los familiares de las dos mujeres recibían videos o audios generados por la encargada sin tener la posibilidad de verlas personalmente. En la puerta del geriátrico o en su casa particular les recibía mensualmente el pago y periódicamente los medicamentos y suplementos dietarios.
En la única oportunidad que una de las hijas pudo ver a la madre lo hizo en horario nocturno, desde el portón del garaje y la adulta mayor se encontraba en la puerta de la habitación lindante con esa cochera.
Todo salió a la luz cuando una de las trabajadoras se acercó a hablar en forma particular con el propietario ya que la encargada la había echado del trabajo. En esa conversación puso en conocimiento del dueño y la hija que en lugar de cinco residentes como ellas pensaban, en el asilo había siete adultas mayores. La propietaria concurrió al día siguiente y se encontró con las siete mujeres, conoció a las dos adultas mayores; de cuya existencia desconocía y obtuvo las identidades a través de documentaciones que también estaban ocultas en otro espacio de la edificación asistencial.
Así fue como contactaron a los familiares de ambas mujeres; quienes se acercaron para corroborar el estado desmejorado de ellas.
Eso ocurrió en julio de 2021 y una de las adultas mayores fue derivada a un centro de salud donde falleció al mes siguiente. En el desarrollo de la instrucción y en el debate no surgieron elementos de pruebas que asociaran directamente el descuidado sufrido durante ese año con el fallecimiento de la mujer.
La figura de administración fraudulenta para el Juzgado Correccional 2 estuvo acreditada por ocultar la residencia de las dos adultas mayores sin dar cuentas a los propietarios del geriátrico y obtener el dinero abonado mensualmente por los familiares.
El juez Alejandro Salguero valoró las pruebas del fiscal D´Elío; de la abogada Karen Solmi, en representación de la adulta mayor fallecida, como particular damnificada de este caso. Y también analizó las declaraciones de la encargada y las valoraciones de su abogado defensor, Juan Ignacio Tiribó.
Finalmente, Salguero condenó a dos años de prisión en suspenso, cuatro años de inhabilitación para ejercer el oficio de enfermera o agente de cuidado de la salud a la encargada del geriátrico.