Máximo Kirchner y Mario Negri hablaron por teléfono en la previa de la sesión que comenzó pasado el mediodía de hoy en la que se debate el impuesto a la riqueza impulsado por el Gobierno. Sólo para el tratamiento de la iniciativa, cada uno de ellos tiene una lista de oradores de 80 diputados de sus respectivos bloques, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La suma de 160, sin contar los discursos de las demás fuerzas políticas, y los debates de los otros tres temas incluidos en el orden del día, anticipan en Diputados una sesión de casi un día. En las reuniones de bloques se hablaba de un mínimo de 20 horas de sesión.
El oficialismo tiene garantizado el número para aprobar la media sanción del proyecto que gravará por única vez y con alícuotas de entre 2 y 3,5% los bienes personales declarados por más de 200 millones de pesos. También tienen número holgado para revalidar el Presupuesto 2021 que volvió del Senado.
La sesión comenzó con planteos de cuestiones de privilegio, bajo la presidencia del macrista Alvaro González (que se mostró efusivo desde el inicio para que los diputados respeten los tiempos de los discursos), que reemplaza al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, aislado de manera preventiva después de que uno de los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional -con quien se reunió la semana pasada- diera COVID positivo. Massa seguirá la sesión desde su casa como un diputado más y conectado en forma remota. Incluso votará.
Antes de la discusión central, diputados del oficialismo y la oposición mantuvieron varios cruces por el exceso de cuestiones de privilegio, los tiempos de exposición de los oradores e incluso se coló la discusión sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela “Queremos debatir, tenemos una sana diferencia, nos hacemos cargo del pasado, pero ustedes siempre están llegando, no tuvieron nada que ver con lo que pasó en la argentina”. señaló el radical Mario Negri.
El radical Emiliano Yacobitti, en tanto, solicitó un apartamiento del reglamento para incluir en el temario un proyecto de Juntos por el Cambio para que los trabajadores puedan descontar del impuesto a la ganancia el costo que implica una educación básica. La moción resultó rechazada. Luego se votó un pedido de Dolores Martínez (UCR) para citar al ministro de Salud, Ginés González García, que también fue rechazado.
Fernando Iglesias (PRO) propuso incluir en el temario un beneplácito parlamentario al informe de la ONU que condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, algo que no acompañó el Frente de Todos y también resultó rechazado.
En la previa a la maratónica sesión, hubo reunión de Labor Parlamentaria. En principio se estima que, para tranquilidad del Ministerio de Economía, se convierta en ley el Presupuesto 2021 antes de avanzar sobre otras iniciativas. En comisión ayer al mediodía los diputados de Juntos por el Cambio dijeron que no pondrían objeciones a la ratificación de la votación de dos semanas atrás.
El Senado no incluyó ningún cambio a la ley pero la volvió a enviar a la cámara de origen después de detectar que por un error informático en la media sanción no estaban incluidas 22 planillas con las obras negociadas con las provincias. Un error inédito que de todos modos en Economía, en el Senado y en Diputados acordaron salvar con una nueva votación para evitar futuros cuestionamientos legales.
En ese marco el viernes 13 Juntos por el Cambio mantuvo una larga reunión de interbloque. Se ratificó el voto en contra de grandes fortunas, hubo pases de facturas por algunas ausencias en las sesiones anteriores (la especial pedida por la propia oposición) y se acordó que una vez más los diputados viajaran para participar en forma presencial. También se acordaron negociaciones con el oficialismo respecto a la ley de manejo del fuego aunque sin demasiado optimismo respecto a acordar aclaraciones en la ley que pone un plazo de 30 años para zonas agrícolas y de 60 años para bosques nativos para que se pueda disponer de ellos. El pedido opositor es hacer una diferenciación entre terrenos urbanos y grandes campos.
Por su parte el bloque del Frente de Todos realizó una reunión remota ayer por la tarde. Duró una hora y media. El encuentro fue presidido por Massa desde su casa. En el Congreso estuvieron Máximo Kirchner; la vice del bloque Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodríguez. Conectados también en forma remota participaron el resto de los diputados y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Heller, y de Finanzas, Fernanda Vallejos.
En la charla, Kirchner justificó la necesidad del impuesto no solo en la pandemia actual sino también en la herencia macrista que “destrozó” las cuentas del país, describió un panorama sobre la gravedad sanitaria en todo el mundo a partir de la segunda ola. Heller propuso sumarse a la carta de los senadores del Frente de Todos que responsabilizaron al Fondo Monetario Internacional por el endeudamiento y la falta de control sobre el uso del Stand By del 2018 que hizo la gestión de Mauricio Macri. Vallejos lo apoyó y además pidió que se trate el proyecto de ley que prohíbe al Estado conceder ayudas a las empresas que operan y tienen vinculaciones con guaridas fiscales.
En el ida y vuelta con diputados, se pidió reforzar la idea de que el impuesto no es “contra los ricos” ni contra ningún sector, “sino en favor de la solidaridad en un momento muy difícil del país”. Se pidió que los discursos sean constructivos con el foco puesto en no desalentar la producción, lo que menciona la oposición como una razón para votar en contra ya que quienes deberían pagar son también los grandes empresarios e inversores.
Por tratarse de un impuesto, aunque el oficialismo no lo llame así, se necesitan 129 votos para su aprobación (mayoría absoluta). El Frente de Todos supera ese número gracias al compromiso de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que presiden Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón. Entre los votos positivos estarán los cuatro que responden al cordobés Juan Schiaretti mientras que también volverá a votar a favor el riojano Felipe Álvarez que integraba Juntos por el Cambio hasta hace dos semanas y conformó un bloque de dos diputados desde entonces. Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, acompañará el dictamen de mayoría pero no lo harán los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá.
Para Juntos por el Cambio se trata de un impuesto “confiscatorio” que se superpone con el pago de Bienes Personales. Cuestionan que se cobre un impuesto en lugar de estimular a aquellos con capacidad de invertir y reclaman una reforma tributaria que ordene los impuestos argentinos.
La ley creará un aporte a pagar por única vez por aquellas personas humanas que hayan declarado bienes por más de 200 millones de pesos. Las alícuotas irán en forma progresiva del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y suben un 50% para los bienes en el exterior por lo que irán del 3% al 5,25 por ciento.
La estimación es recaudar 307.000 millones de pesos. Según lo acordado con los aliados el 20% de esas partidas se destinará a equipamiento para salud, vacunas y compra de medicamentos; 20% para subsidios a pymes, sostenimiento del empleo y remuneración a trabajadores; 20% para financiar el plan PROGRESAR destinado a becas para estudiantes secundarios; 15% para el RENABAP en concepto de obras de urbanización en barrios populares y finalmente 25% para desarrollo de gas cuyo producido debería reinvertirse durante 10 años.
Fuente Infobae
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