Real 365

Se trata de José María Ceriotti, ex secretario general de la Uatre de General Rojo que en el marco de una causa por amenazas coactivas, la justicia dictó una medida cautelar a favor de Claudia Carolina Llanos y Ezequiel Ceriotti Llanos, en la que se exponen hechos que configurarían un caso flagrante de violencia de género.
El juez interviniente, a solicitud del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Martín Mariezcurrena, dispuso una prohibición de acercamiento y contacto. La medida establece un perímetro de exclusión de 200 metros para Ceriotti respecto de las víctimas y de sus lugares de residencia, trabajo, estudio y esparcimiento, además de una prohibición de contacto por cualquier medio, ya sea personal, telefónico o técnico.
Esta medida estará vigente hasta el 15 de enero de 2025 y busca evitar la reiteración de los hechos denunciados. Según se desprende de la resolución judicial, se han reunido elementos que permiten investigar al imputado bajo los términos del artículo 149 bis del Código Penal, relacionado con amenazas coactivas.
El titular del destacamento policial de General Rojo fue instruido para notificar con carácter de urgencia al acusado sobre la prohibición dispuesta. A su vez, se comunicará formalmente al abogado patrocinante de las víctimas, Dr. Diego Peisajovic, para garantizar el cumplimiento de las medidas.
El juez dispuso en su fallo: “Prohibir a José María Ceriotti, … acercarse a Claudia Carolina Llanos; como así también, a Oscar Ezequiel Ceriotti Llanos, a su domicilio particular o laboral, como así también, a los lugares de estudio, esparcimiento o de concurrencia habitual del mismo fijando a tal efecto un perímetro de exclusión de un radio de 200 metros del nombrado; debiendo, asimismo, abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto (personal o técnico) con ésta; medidas que regirán hasta el 15 de enero de 2025, en la presente”.
La justicia reafirma con este fallo su compromiso en la lucha contra la violencia de género y en la protección de las personas que denuncian situaciones de hostigamiento y amenazas.