El chatarrero recuperó la libertad por orden del Juzgado de Garantías 2; pese a los pesados fundamentos presentados por los fiscales Francisco Furnari y Germán Guidi para convertir la aprehensión en detención.
La semana pasada uno de los magistrados de la Fiscalía 2, junto a funcionarios judiciales y uniformados de distintos escuadrones de la Policía irrumpieron en las instalaciones de calle Roque Sáenz Peña.
Las instalaciones estaban funcionando a pleno quemando plásticos de cables de cobre y desmantelando instalaciones para separar los distintos materiales ferrosos.
Ese local está clausurado por orden de la Jueza de Faltas Marcela Noé ya que no cumple con la habilitación municipal; que impide el desarrollo de emprendimientos de esa actividad dentro del ejido urbano y en medio de barrios donde residen familias.
El impacto ambiental de ciertas intervenciones dentro de una chatarrería son nocivas para determinadas zonas urbanizadas.
El miércoles 10 de mayo y el jueves 28 de septiembre del año 2023 clausuraron las instalaciones de Compra y Venta de Chatarra y metales propiedad por una sentencia firme dictada por el Tribunal de Faltas Municipal en la Causa 920/22 del viernes 18 de noviembre de 2022 por falta de habilitación comercial.
La nueva causa se generó por la última intervención de la Fiscalía y uniformados de la Comisaría Tercera ante el aviso que se estarían quemando cables.
Por ese motivo, en la mañana del miércoles de la semana pasada se desplegaron y encontraron un foco ígneo y en una bolsa de arpillera acopiaban alambres de cobre.
Durante esa intervención corroboraron, además, que el establecimiento se encontraba desarrollando su actividad no habiendo regularizado la situación con la Municipalidad de Pergamino, desobedeciendo reiteradamente la sentencia del Tribunal de Faltas que dispuso la clausura del mismo dictada en el marco de la Causa 920/22 de fecha 18 de noviembre de 2022 por falta de habilitación comercial, procediéndose a labrar nueva acta de infracción, secuestro de los elementos mencionados, y la aprehensión del chatarrero.
En la Fiscalía lo indagaron, le imputaron la acusación por el delito penal de desobediencia y requirieron la conversión de la aprehensión en detención.
El juez Julio Caturla denegó la solicitud de detención, argumentando que la pena prevista para el delito es baja y que la prueba ya está reunida, por lo que la detención no es necesaria. El secuestro de materiales incautados durante la aprehensión fue ratificado. Finalmente, se ordenó la liberación inmediata del chatarrero.
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