Pergamino, 24 de julio del 2024

Acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Pergamino

El viernes la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino desarrolló actividades culturales para recordar la fecha en la que la Dictadura Militar instaló un gobierno anti democrático para cometer el mayor genocidio de personas inocentes en nuestro país.

Sábado 25 de marzo de 2023

Se cumplieron 47 años del 24 de marzo de 1976 cuando los militares tomaron el poder y durante siete años secuestraron y mataron a personas a lo largo y ancho de Argentina.

El Juicio a las Juntas Militares estuvo basado en la recopilación de datos de organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos donde determinaron que desaparecieron treinta mil personas.

Hubo una intervención artística con la actuación de La Cotolengo Murga.

 

Documento leído en el acto desarrollado en el interior del Club Desiderio por cuestiones climáticas:

Este 24 de marzo no es un recordatorio más del último golpe de estado que instaló la dictadura cívico militar eclesiástica más sangrienta de nuestra historia. Los 47 años que nos separan de esa luctuosa fecha se enmarcan en el 40 aniversario de la recuperación de la Democracia, producto de la lucha colectiva e incansable de los organismos de DDHH y de un pueblo ansioso de elegir libremente a sus representantes.

Siempre es importante darse el tiempo necesario para poder pensar, no sólo en lo que fue ese período nefasto para nuestro país, si no en las largas sombras de esa tragedia histórica que aún se proyectan en el presente. Una democracia joven en términos históricos y aún no totalmente consolidada como la nuestra, es tan fuerte o tan vulnerable como lo son sus instituciones. Y en tanto el poder económico que sustentó la dictadura genocida siga operando en contra del estado de derecho, el retorno de las bestias vuelve a ser un riesgo cierto para todos.

Los pseudo republicanos y pseudo libertarios que con descarada obscenidad niegan los crímenes cometidos por civiles y militares, reflotan la teoría de los dos demonios para justificar la represión, ocultan el endeudamiento y la fuga de capitales, hacen silencio sobre la planificación de la miseria, el quiebre de los lazos sociales solidarios, la destrucción de la industria nacional e instan a la vuelta del mismo programa económico neoliberal de expoliación y dependencia que ha colocado a la Argentina, varias veces, al borde de un colapso social, político y económico casi terminal. Esta nueva vieja derecha de raíz oligárquica, clasista, racista y patriarcal pretende reinstalar la idea del enemigo interno estigmatizando a más del 50% de la población y no tiene ningún prurito en desconocer el genocidio de nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos.

Reafirmamos que esta cifra de víctimas no es arbitraria. Se basa en la cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 800 CCD. También en la estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país y en la cantidad de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el período dictatorial, las cuales superan los 150 mil represores activos a la caza de sus víctimas. Los relevamientos previos al golpe de Estado y realizados por los propios militares establecían en más de 30.000 las personas a eliminar.

Parafraseando a Todorov: “Si un desaparecido o un muerto es un dolor, 30.000 o 100.000 pueden ser sólo una información.”

Hoy, ante la proliferación del discurso que niega el genocidio y sus consecuencias, se vuelve imprescindible reiterar la explicación. No dudamos de que aún hay nostálgicos de la muerte agazapados, esperando repetir la experiencia represiva contra el pueblo.

 

Actualizar los acuerdos de convivencia democrática

El pacto civilizatorio fundado por el movimiento de DDHH encabezado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes crearon un modo de resistencia proporcional a la magnitud del horror genocida, ha sido sistemáticamente debilitado por la derecha negacionista re empoderada tras el arribo de Mauricio Macri a la presidencia allá por 2015.

De ese debilitamiento intencional de los acuerdos democráticos da cuenta el intento de magnicidio a la vice presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hecho cuya investigación no muestra la celeridad necesaria para aclarar el, en otro momento, inimaginable atentado. Las balas que no salieron además de estar dirigidas hacia una mujer que representa a millones de argentinos, funcionaria electa por el voto popular, apuntaban hacia la Democracia tal como la entendemos, una forma de gobierno perfectible pero también como el contrato social que nos permite vivir en un marco de respeto a la diversidad de ideas y formas de pensar y vivir.

Las declaraciones mediáticas de personajes como Macri, Milei, Esper, Bulrrich, Lopérfido y muchos otros, destilan negacionismo sin que al sistema de administración de justicia se le mueva un pelo. Desde aquel intento de la Corte Suprema para aplicar el 2 x 1 a los genocidas condenados podríamos señalar que esa nefasta corriente, antes subterránea, comenzó a tomar fuerza, a visibilizarse y a correr los límites de lo ética y moralmente aceptable por la sociedad respecto a temas de DDHH. Y ante la falta de leyes sancionatorias como tiene por ejemplo Alemania respecto del Holocausto, tanto cuestionar el número de desapariciones forzadas como hablar de curro en relación a la lucha de los organismos de DDHH, han sido tópicos generados y normalizados por las usinas de la derecha, repetidos hasta el hartazgo para instalarlos en el “sentido común” de la gente, explotando la desmemoria estimulada muchas veces por el propio Estado.

 

MUCHAS PREGUNTAS

¿Cómo es posible que tras cuarenta años de Democracia haya que seguir explicando y discutiendo conceptos cuyo significado y relevancia considerábamos fuera de todo debate?

¿Cómo se entiende que miles de jóvenes desconozcan nuestra historia reciente y el doloroso camino recorrido hasta recuperar la democracia para que decidan seguir políticamente a personajes infames, fabricados por los medios, que reniegan de los valores y principios republicanos, sostienen que todo es cuestión de mérito individual e incluso que un ser humano puede ser considerado un objeto que se puede comprar o vender? ¿Cuándo fue que nosotros, los adultos, nos desviamos del camino, volvimos a callar y a tolerar la impudicia de los mercenarios del periodismo y de los núcleos corruptos enquistados en los

 

poderes del Estado? ¿En qué vuelta de este trayecto de 40 años dejamos de enseñar, de contar, de defender, de proteger todo aquello por lo que nuestros 30000 dieron su sangre?

¿Cuándo fue que el Nunca Más dejo de serlo para las mayorías y comenzó a ser vaciado de sentido en aras del dialoguismo inconducente, el falso consenso y las apetencias personales y sectoriales?

Cuando gran parte de la población se lamenta de que unos tiros a quemarropa a la cabeza no salieron, y se celebra la condena de alguien aún sin pruebas, se está propiciando la violencia social y política.

Cuando se tienen que esperar 16 años para condenar a los responsables del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, cuando todavía no sabemos dónde está Julio López, cuando los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y de las 8700 víctimas a manos de las policías y otras fuerzas de seguridad todavía no han sido juzgadas, cuando las condenas son tan pobres y escasas que la vida en los márgenes pareciera no valer nada, cuando hay niños y niñas que todavía mueren de hambre o enfermedades evitables, cuando se siguen negando los derechos humanos de las mujeres y los femicidios se hacen pan de cada día, cuando el cuidado medioambiental sigue siendo tema secundario, cuando ciertos políticos reivindican a los genocidas, sus cómplices, sus políticas económicas y aplauden los años de plomo porque ellos vivían tranquilos, cuando se considera a los pueblos originarios como enemigos y se protege a extranjeros ocupantes ilegales de territorios comunes, cuando se reprimen las movilizaciones y expresiones de descontento de ciudadanos y ciudadanas, cuando se permite la discriminación y marginación de alguna minoría, cuando fanáticos religiosos atacan y destruyen muestras de arte, cuando candidatos a cargos electivos dicen que por qué no vender órganos o bebés o armas libremente, cuando todavía muchas familias que no pueden almorzar juntas en sus casas ni vivir de un sueldo digno, cuando los especuladores de siempre atacan los bolsillos de los trabajadores, cuando la voluntad política retrocede ante presiones de grupos de interés, cuando la salud y la educación pública no pueden superar la crisis y desfinanciación del último gobierno neoliberal, cuando se acepta lo menos malo en lugar de lo mejor, cuando hay genocidas aún caminando entre nosotros y gozando de derechos que ellos negaron a sus víctimas. Cuando sabemos que pasa todo esto, cómo no sentir que se está quebrando el pacto civilizatorio fundacional de estos 40 años de Democracia. Esto nos exige reflexionar sobre el hecho de que el debilitamiento intencional de la democracia por parte de quienes se consideran los dueños todo, nos coloca en un estado de profunda vulneración de derechos, situación de altísimo riesgo para todos y todas. Porque si cae la Democracia, cae sobre los 40 millones de argentinos y argentinas.

 

LA DERECHA ARGENTINA

Si en algo sigue siendo muy exitosa la derecha es en cooptar voluntades a base de monedas y formatear cabezas mintiendo descarada y cínicamente. Su creación más sublime es el explotado que se autopercibe capitalista. De un tiempo a esta parte el neoconservadurismo económico global comenzó a aplicar estrategias político ideológicas íntimamente relacionadas con el desarrollo de nuevas formas de dominación de los pueblos.

Utilizando los medios de comunicación hegemónicos y a individuos muy bien posicionados dentro del sistema judicial, el poder económico concentrado aplica similares herramientas de disciplinamiento a líderes populares en toda América Latina, líderes que no se avienen con los intereses del neocolonialismo económico e ideológico representado en nuestro país por el Fondo Monetario Internacional y sus escribas locales.

El poder judicial, o una parte de él, actúa hoy junto con los medios como otra herramienta del poder fáctico. Una que sistemáticamente falla a favor de los sectores económico- ideológicos que fueron sustento de la dictadura y se beneficiaron de ella para ampliar sus fortunas y privilegios personales.

Finalizados los años de plomo, paulatinamente el partido militar legó su sitio y funciones al partido judicial. De aquella época en que el poder económico se alió a las fuerzas armadas para asaltar ilegalmente el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, disciplinar con miedo y sangre derramada, y aplicar el famoso Plan Cóndor diseñado por la CIA, a ésta en la que jueces y fiscales cooptados por los mismos sectores usan sus oprobiosos fallos contra el pueblo y sus derechos, mientras protege y representa con total desvergüenza a empresarios y políticos de derecha, asegurando su impunidad y patrimonio.

Coinciden ambos partidos en la defensa y afianzamiento de un mismo proyecto económico de desigualdad, endeudamiento monstruoso, concentración de la riqueza, fuga de capitales y expoliación de nuestras riquezas naturales. Tanto de la dictadura genocida de hace 47 años como de las persecuciones judiciales de hoy, la razón última es inequívocamente económica.

Siempre económica.

Ya no son los militares o las fuerzas de seguridad las que hacen el trabajo sucio para los Blaquier, los Martínez de Hoz y tantos otros, ahora son los grupos de tareas de Comodoro Py, Clarín, La Nación, Infobae y sus satélites los que funcionan como brazos ejecutores. Así operan políticamente, desinforman, demoran y obstaculizan causas por los crímenes de lesa humanidad y también aquellas que involucran a ex funcionarios políticos de la gestión de Mauricio Macri, empezando por él, pasando por el prófugo Rodríguez Simón y los que tomaron ilegalmente una deuda usuraria con el FMI, organismo que regresó triunfalmente al país para condicionar las políticas económicas redistributivas, la inversión en educación y salud pública, y en programas sociales que reduzcan el impacto de los ajustes y golpes de mercado sobre los más vulnerables. La miseria que los neoliberales generaron cada vez que les tocó gobernar resulta en este marco socio económico cultural cada vez más difícil de paliar, y lo mismo sucede al tratar de mantener nuestro país lejos de las presiones del decadente imperialismo occidental.

En la década del 70 eran los militares quienes iban a perfeccionar sus técnicas represivas en la escuela de las Américas, hoy son jueces pertenecientes al partico judicial los que van a capacitarse al extranjero para aprender técnicas y estrategias con las que criminalizar la política y a los políticos. Pero no a todos. Su objetivo son claramente los funcionarios que se enfrentan al poder económico concentrado y desarrollan programas de inclusión, ayuda y redistribución equitativa de la riqueza.

 

LAWFARE

La operatoria judicial conocida como lawfare no es más ni menos que la continuidad de la guerra sucia de la dictadura por otros medios, una maniobra falaz velada por un manto de pseudo legalidad y honestismo hipócrita, ostensiblemente dirigida hacia referentes políticos y militantes populares de un único signo político partidario.

Cómo dijera la vice presidenta Cristina Fernández este pasado martes “El lawfare es la criminalización de la política pero no de cualquier política. Sino de la política que hace justicia social”

No tenemos dudas de que se ha iniciado una guerra jurídica cuyos objetivos pertenecen al mismo espacio simbólico, político e ideológico. Espacio que resiste ley en mano la virulenta ofensiva del poder económico coludido con el judicial que lo protege y representa.

Por lo tanto rechazamos absolutamente toda proscripción disfrazada de medida judicial como estrategia para cercenar la voluntad del pueblo al momento de elegir a sus representantes. Es inaceptable que en democracia el poder menos democrático pretenda mesiánicamente imponer qué candidatos son o no válidos en una contienda electoral, violentando incluso la Constitución Nacional.

En este sentido consideramos que el Estado de Derecho ha sido puesto en riesgo por los mismos que deberían asegurarlo. Y por lo tanto colocan también a nuestra democracia al borde de un colapso que aún podemos evitar.

No se puede consentir entonces que un poder del Estado se autoperciba por encima de los otros dos, queriendo gobernar usurpando la voluntad popular. Ante esto la respuesta masiva debe ser exigir la inmediata reforma y democratización del poder judicial.

Consecuentemente apoyamos el juicio político a la Corte Suprema. Consideramos esta acción como un necesario contrapeso y medida de contralor de los actos jurídicos empanados del alto tribunal. Es sin lugar a dudas, una imprescindible revisión del accionar de los jueces supremos, quienes desde sus pedestales toman importantes y definitivas decisiones respecto de nuestras vidas, derechos y bienes.

 

LOS DISCURSOS DE ODIO

Otra herramienta neofascista que ha ido ganando subjetividades es el discurso de odio. Forma perversa de expresión verbal que se ha fortalecido en la región y el mundo con el avance de la derecha y la ultraderecha internacional. En Argentina estos patológicos modos de decir nos interpelan particularmente a quienes hacemos de la Memoria un ejercicio permanente. Pero deberían llamar a la reflexión también a toda la sociedad que los repite indiscriminadamente sin analizar su contenido y su intención de instalarse como el único discurso legítimo y por lo tanto indiscutible.

Durante años se ha venido operando sobre la subjetividad de argentinos y argentinas, instalando y normalizando violentos discursos desbordantes de impostada indignación, de irracionalidad e ignorancia, y por supuesto de odio y discriminación. Sistemáticamente se ha estigmatizado a las clases populares, sus referentes, sus líderes políticos, su adscripción a un determinado partido político, el peronismo, y en particular a la vertiente kirchnerista. Se han venido justificando los ataques y persecuciones a militantes, periodistas, funcionarios y a cualquiera etiquetado o sospechado de K. Los medios como Clarín, Infobae y La Nación han contribuido profundamente a formatear el perfil del “enemigo” cuyos atributos lo hacen un perfecto blanco para cualquier tipo de violencia incluso en el ámbito virtual dónde el anonimato y la impunidad hacen desaparecer los mínimos límites morales y éticos de las personas. El dedo inquisidor siempre está listo para señalar a la militancia partidaria y también a la de DDHH.

Siguiendo el ejemplo del expresidente Macri, muchos continúan hablando de curro para referirse a los organismos de DDHH. Cabe aquí recordar las marchas organizadas por buenas personas apolíticas y no tanto que colgaron bolsas mortuorias frente al Congreso con nombres de dirigentes políticos oficialistas y referentes de Abuelas y Madres. Recordemos las guillotinas, las horcas, los patíbulos, los carteles deseando muerte.

Cómo es posible que en democracia una enorme porción de la sociedad haga silencio ante estas representaciones del odio más puro y las considere como formas de libre expresión aceptables y válidas? Cómo es posible que haya docentes que escriban dichos negacionistas sobre los 30000 en los mismos pizarrones donde sus alumnos recuerdan la historia reciente? Cómo se entiende que un intento de magnicidio no haya sido repudiado y condenado por toda la sociedad más allá de su diferencias político partidarias e ideológicas?

Este complejo y preocupante panorama hace imprescindible restablecer los entramados sociales que hicieron posible la recuperación de la democracia hace 40 años. Recuperar los lazos solidarios y el compromiso de fortalecerla para que no siga deteriorándose, para que no sea percibida como de baja intensidad y haya quienes atenten tan fácilmente contra sus principios y valores. El mandato es siempre defenderla, sostenerla y militarla en el sentido de trabajar cotidianamente para que más allá de sus imperfecciones siga siendo el gobierno del pueblo elegido por el pueblo y para el pueblo.

Hoy la contradicción principal se establece entre estos conceptos: Democracia o Neofascismo.

No sólo en Argentina se manifiesta esta dicotomía. Países como Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela han sufrido recientemente el embate de la derecha internacional aliada de las locales. Como ejemplos cabe mencionar la destitución reciente por parte del parlamento peruano, del presidente electo Pedro Castillo y el intento de golpe que sufriera el presidente Lula en Brasil recién apenas asumido.

Ya no ocultan, la derecha, la ultraderecha, el neofascismo, lo que van a hacer si acceden nuevamente al gobierno. Quieren legitimar sus discursos negacionistas, antiderechos, y sus brutales políticas de ajustes mediante votos contaminados por el odio que difunden metódica y sistemáticamente a través de los conglomerados mediáticos, los mismos que disfrutan de beneficios conseguidos gracias a la dictadura de la que fueron parte.

Una vez dijimos Nunca Más, y estuvimos convencidos de que así sería para siempre. Y sin embargo por los poros y las grietas del sistema democrático se han ido permeando el negacionismo, el lawfare, los discursos de odio disfrazados de libre expresión y avalados desde grupos políticos y comunicadores de derecha, compartidos y replicados hasta el cansancio en redes sociales. Sus dichos reflejan desprecio y desconocimiento del largo camino recorrido en recuperación de la Memoria, búsqueda de Verdad y de Justicia de este sufrido pero resistente pueblo argentino.

 

JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

Seguimos observando cómo, aún después de estos 40 años, hay genocidas y cómplices que no han sido juzgados por sus crímenes. La demora en esas causas ha permitido que muchos de ellos, como el recientemente fallecido Blaquier, puedan disfrutar en libertad de los beneficios obtenidos durante la dictadura, y hasta morir impunes recibiendo el pésame público de empresarios y políticos que responden a Juntos por el Cambio, tal como Rodríguez Larreta, a quien nadie le cuestiona la poco republicana actitud de ofrecer condolencias por la muerte de un imputado por delitos de lesa humanidad. No deja de ponernos el alerta que ante esta noticia de público conocimiento, la sociedad en su conjunto no reaccionara y repudiara con la celeridad correspondiente esos obituarios apologéticos de un criminal impune por parte alguien que pretende conducir los destinos de la Nación.

A pesar de todo hay que rescatar entre lo positivo de estos 40 años el arduo trabajo de la militancia en DDHH y un sector del sistema judicial que hace honor a sus miembros. También hay que revalorar la decisión política del ex presidente Néstor Kirchner quien con el simbólico acto de bajar los cuadros abrió las puertas hacia políticas de Memoria, de Verdad y de Justicia para las víctimas del terrorismo de estado, al tiempo que impulsó el fortalecimiento de la Democracia.

Tras estas cuatro décadas, la mayoría de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad han analizado y determinado las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en los secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas de miles de víctimas, robos de bebés y suplantación de identidad.

Algunos de los últimos juicios han planteado otras temáticas que dejan en evidencian lo incompletas de las agendas de causas por delitos de lesa humanidad. Falta aún el abordaje de delitos relacionados con violencia sexual, femicidios, crímenes de motivación económica y las complicidades civiles en sus diversos grados.

La dimensión de estos juicios está dada por la enorme cantidad de testigos, de víctimas e imputados. Argentina contabiliza 1.058 personas condenadas en 273 sentencias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período comprendido entre 1976 y 1983.

Un juicio oral por crímenes de lesa humanidad tarda, en promedio, 5 meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta la clausura, y 2 años y 4 meses desde el comienzo del debate hasta el veredicto según datos del Ministerio Público Fiscal. Tiempos adecuados pero demasiado lentos para quienes necesitan conocer la Verdad y obtener Justicia.

Como consecuencia de las demoras de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguen falleciendo genocidas sin haber sido juzgados y otros en prisión domiciliaria por avanzada edad. Tal el caso del empresario azucarero dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier.

Su impunidad fue asegurada con ocho años de dilaciones judiciales. Sus víctimas y los familiares no tendrán la reparación, ni simbólica ni concreta, que han buscado desde hace tanto tiempo.

En nuestra región, después de esperar muchos años, y tras intenso trabajo militante, se ha logrado la elevación a juicio de la causa Saint Amante IV, solicitada por la Fiscalía. Este juicio será oral y público al igual que los anteriores del mismo nombre. Es un hecho histórico para nuestra región poder ser nuevamente sede de las audiencias testimoniales y juzgamiento de 17 imputados como represores y por delitos de lesa humanidad cometidos contra 72 víctimas de Pergamino, San Nicolás, Baradero y San Pedro.

Como en las otras Causas Saint Amant, “el objetivo es demostrar que hubo un plan sistemático en cuanto a que no se perseguía solamente a los militantes populares de las organizaciones armadas, sino que había un amplio espectro de persecución hacia sectores gremiales, sociales y políticos”.

En estas instancias jurídicas es cuando la comunidad toda debe acompañar el ejercicio democrático de las instituciones de los tres poderes del Estado. Es una manera de renovar nuestro compromiso con las bandera de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es volver a sentirnos parte activa en el fortalecimiento de esta democracia que tanto lo necesita. Es involucrarnos más allá de lo meramente declamativo en el afianzamiento de los valores y principios republicanos que todos decimos sostener.

Desde la Asociación por la Memoria y los DDHH de Pergamino renovamos nuestro compromiso con la defensa y difusión de los derechos humanos, y por lo tanto con el resguardo y fortalecimiento de la Democracia, construyendo con nuestros actos y palabras en trinchera de resistencia contra la derecha desbocada, la ultra y el fascismo, nuevo y viejo, velado o a cara descubierta, pero siempre antipopular y criminal.

Con la esperanza de compartir con cada uno y cada una de ustedes un piso de valores y principios invitamos a cerrar colectivamente este documento, alzando nuestras voces para exclamar:

NUNCA MÁS DICTADURA EN LA ARGENTINA!! DEMOCRACIA PARA SIEMPRE!!!

NO PASARÁN!! #Son30000

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