La sentencia, del juez Carlos Ariel Picco, condenó al efectivo a una pena de seis años y medio de prisión.
El uniformado, de 41 años, ha sido encontrado autor penalmente responsable de los mencionados delitos, tras un juicio que ha durado varios días y ha capturado la atención de la opinión pública.
Los cargos están relacionados con agresiones sufridas por la víctima en el contexto de su relación extramatrimonial con el acusado.
Como parte de la sentencia, se ha ordenado la inmediata detención del agente policial. Sin embargo, se ha dispuesto que la detención se llevará a cabo mediante la modalidad de arresto domiciliario hasta que la sentencia adquiera firmeza.
Durante este período, deberá cumplir con las restricciones impuestas y será controlado a través de un dispositivo electrónico por la Dirección de Monitoreo Electrónico dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
De igual manera, se ha advertido al condenado que el incumplimiento de las condiciones establecidas podría resultar en la revocación de esta alternativa y su traslado a un centro de detención.
Adicionalmente, una vez que la sentencia sea definitiva, se llevará a cabo la toma de la muestra biológica para la inclusión de su perfil genético correspondiente (ADN) en el Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.
Este caso ha dejado en evidencia la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley, así como la necesidad de abordar de manera efectiva y enérgica los casos de violencia de género y abuso sexual, incluso cuando involucran a personas en posiciones de autoridad. La sentencia emitida sirve como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley y que todas las personas deben ser responsables de sus acciones.
Agresiones durante la relación
Entre los años 2016 y 2019 el efectivo y una empleada de la empresa de limpieza de la Fiscalía mantuvieron una relación sentimental; mientras él era custodio del edificio judicial.
El fiscal Nelson Mastorchio en la acusación presentó como una de las evidencias contra el sujeto: unos videos registrados por las cámaras de video vigilancia de la Fiscalía mostraron un episodio de agresión a la víctima. Un empleado administrativo del Ministerio Público Fiscal fue testigo de lo ocurrido y declaró lo mismo que filmaron las cámaras sobre el suceso violento.
La mujer decidió finalizar la relación y el sujeto comenzó a repetir una serie de hostigamientos; así lo aseguró la perita psicóloga. La denuncia penal tuvo el objetivo de frenar esas persecuciones que se daban en el lugar de trabajo y en la vía pública.
El individuo intentó manipular a la víctima con subir videos de su intimidad en redes sociales o compartirlo con familiares.
El juez Carlos Picco sintetizó sus argumentos en la sentencia judicial del Tribunal Oral en lo Criminal: “valoradas las constancias probatorias colectadas en autos a las que a continuación me referiré tengo para mí debidamente acreditado que a partir del mes de octubre del 2017 el sujeto utilizando violencia física, psicológica y ambiental comenzó con un permanente hostigamiento para lograr que la víctima continué con el vínculo amoroso que mantenían. Con el fin de intimidarla amenazó a la mujer con publicar fotos y videos íntimos si ella terminaba con la relación. También tengo por acreditado que en el transcurrir de esa relación de amantes, que mantuvieron por casi tres años y medio, el imputado accedió carnalmente a la víctima en contra de su voluntad”, expuso el magistrado.
Las víctimas de violencia de género y abusos pueden pedir ayuda en:
La Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia
Teléfono 2477 429639 – 423500
Dirección Alsina 515
Guardia para urgencias celular 2477 15 685012.
Mail [email protected]
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