Esta semana se conoció la sentencia judicial a un sujeto por quedar demostrado que tenía una conexión clandestina del tendido de media tensión para contar con servicio eléctrico en su vivienda del barrio Güemes.
Este tipo de episodios raramente llegan a juicio oral porque en la mayoría de los episodios llegan a una resolución entre las partes.
El caso se debatió públicamente y quedó demostrado que durante mucho tiempo la conexión clandestina fue instalada por el morador de la casa.
Son causas penales en las que intervienen desde la Fiscalía a partir de las denuncias de la Cooperativa Eléctrica.
La Celp cuenta con una división anti fraude que se encarga de relevar las conexiones ilegales y denunciarlas en sede judicial.
La instrucción judicial llegó a Tribunales y sin mediar suspensión de juicio a prueba o “abreviado” se desarrolló el debate en la sala de audiencias del Juzgado Correccional 1, a cargo del juez Carlos Picco.
El individuo, identificado como JMP, ha sido declarado penalmente responsable del delito de hurto, luego de que se demostrara que se estaba aprovechando ilegalmente del suministro eléctrico mediante una conexión irregular en su domicilio en la calle Paso de Los Libres al 1.500 de Pergamino.
El caso fue llevado a juicio tras la denuncia realizada por la Celp, respaldada por pruebas documentales y testimonios recogidos durante el proceso.
La Cooperativa cuenta con una división especializada en la detección de fraudes eléctricos, que trabaja en colaboración con las autoridades policiales para investigar y denunciar estas prácticas ilegales.
A pesar de los argumentos de la defensa, que apeló a la falta de pruebas directas y alegó que el acusado residía temporalmente en la vivienda debido a problemas de salud de su padre, el juez determinó que las pruebas presentadas eran suficientes para establecer la culpabilidad de JMP.
Como resultado de la sentencia, JMP ha sido condenado a un mes de prisión en suspenso, además de ser obligado a someterse al control del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, con la advertencia de revocar la condicionalidad de la pena en caso de incomparecencias injustificadas.
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