El 14 de agosto último, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín responsabilizó y condenó a la provincia de Buenos Aires a pagar indemnización por la muerte de la familia Pomar- Viagrán haciendo lugar parcialmente a la sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Mercedes, aunque la dictamen no quedó firme. María Cristina Robert (fallecida recientemente), madre de la víctima Gabriela Viagrán, había interpuesto una demanda de daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires y contra la fiscal general, Amalia Rava, por el daño moral en cuanto a la pérdida de los familiares por un presunto incumplimiento irregular, tardío o defectuoso de sus funciones.
De esta manera, el Tribunal responsabilizó a la Dirección de Vialidad bonaerense por el mal estado de la ruta Nº 31.
Además se rechazó la pretensión interpuesta contra la demandada Rava, exfuncionaria. “La sentencia resolvió hacer lugar a la pretensión indemnizatoria deducida por Robert y atribuyó las responsabilidades del siniestro en un setenta por ciento al Estado provincial y treinta por ciento a Fernando Pomar porque circulaba con dos neumáticos que no estaban en las condiciones adecuadas y sin los cinturones”, explicó a este diario el abogado Dr. Gustavo Arabia, quien tuvo acceso al fallo y fue defensor penal del comisario Daniel Fabián Arruvito.
Entre los puntos destacados del veredicto se pudo comprobar que, al momento del hallazgo del vehículo, la calzada provincial presentaba dos hundimientos de formas de canales que ocasionaban el estancamiento de agua; que la calzada no se encontraba señalizada ni demarcada; que la delimitación de los dos carriles de circulación era muy poco visible y que la línea de la banquina prácticamente era inexistente; que tampoco había cartelería que indique la existencia de una curva y que la zona de préstamo se encontraba con altos pastizales, de hasta 2 metros de altos.
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