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El robo de medidores de gas ha vuelto ser una modalidad delictiva en nuestra ciudad.
El domingo al mediodía, una familia residente en el barrio Villa Progreso fue víctima del robo de su medidor de gas mientras se encontraban dentro de su hogar.
La víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató los detalles del suceso: “Estábamos en mi casa con mi señora, cocinando, y apagamos el horno de la cocina. Esto es en Vergara Campo, casi Ecuador. Apagamos el horno de la cocina a las 12:00 y media hora más tarde nos robaron el medidor de gas”.
Según el testimonio, el delincuente, descrito como un hombre con gorra y visera, quedó registrado por las cámaras de seguridad mientras forzaba la puerta y sustraía el medidor de gas junto con otros componentes, dejando a la familia afectada sin suministro.
Este lamentable episodio no es un caso aislado en la zona, como señaló la víctima: “Esto que sucedió, ha sucedido en varios vecinos de acá del barrio nuestro, o sea que no es ni la primera ni la última vez”.
Lo que agrava aún más la situación es la falta de responsabilidad de la empresa proveedora de gas, Litoral Gas, quien se hace cargo únicamente de reponer el medidor, dejando al damnificado con el costo de otros elementos necesarios para restaurar la instalación.
La víctima expresó su preocupación respecto a la postura de la empresa: “El tema que no es menor pasa por cómo están las leyes y cómo están las empresas privadas respecto a este tipo de atentados, de robos. Litoral Gas se hace cargo de reponer el medidor, pero no se hace cargo del flexible y del regulador. ¿Qué significa esto? Que ese costo va a cargo del damnificado”.
Además, destacó la falta de medidas de seguridad permitidas por la empresa: “Pero tampoco permite poner una reja entre medidor y puerta, donde la reja facilite meter la mano, cerrar la llave de gas por algún caso de emergencia y que haya una clara lectura del consumo del medidor”.
La indignación de la comunidad también se dirige hacia las dificultades burocráticas y los gastos adicionales que deben enfrentar los afectados para restablecer el servicio de gas, lo cual incluye la necesidad de contratar a un profesional matriculado y cumplir con requisitos de seguridad exigidos por la empresa.
En contraste, se resaltó el ejemplo positivo de otras empresas de servicios, como la cooperativa eléctrica local, que asumió la responsabilidad completa en situaciones similares, cubriendo los costos de reposición sin implicar un gasto adicional para los afectados.
El incidente ha suscitado un debate en la comunidad sobre la responsabilidad corporativa y la necesidad de reformas en las políticas de las empresas proveedoras de servicios para garantizar una mayor protección a sus clientes frente a eventos delictivos de esta índole.