El decreto de Alberto Fernández para modificar la órbita de la cual depende la custodia de los ex mandatarios dio lugar a una serie de marchas y contramarchas en el gobierno de Javier Milei, así como versiones cruzadas entre los actores de la anterior gestión y la actual, la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad. El origen de la medida, la decisión de derogarla y —finalmente— de mantenerla están envueltas en suspicacias.
La historia empezó cuando Alberto Fernández, dos días antes de dejar el mando, firmó el decreto 735/2, que implicaba dos modificaciones. Por un lado, traspasaba la custodia de los ex mandatarios de la órbita del Ministerio de Seguridad —en particular, de la División Custodia de Ex Mandatarios—, a la Casa Militar, que depende de la Secretaría de la Presidencia y —hasta entonces— se ocupaba únicamente del bienestar y la integridad física del Presidente en ejercicio.
Por otro lado, por la redacción de la norma, parecía ampliar la jurisdicción de los cuidados más allá de las fronteras, al especificar que debía “planificar coordinar y supervisar” la seguridad personal del presidente, vicepresidente, ex mandatarios y sus familiares directos “en toda circunstancia, tiempo y lugar”.
La medida del jefe de Estado saliente provocó fuertes ruidos políticos en la oposición, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza. Las críticas apuntaban contra Alberto Fernández por, supuestamente, intentar ahorrarse gastos en custodia, con el condimento de que serían en dólares, porque era vox pópuli que tenía planeado ir por tiempo indeterminado a España y a Italia junto a su esposa Fabiola y su hijo Francisco.
El decreto calzaba a la perfección con la principal bandera que usó Milei durante toda su campaña para cuestionar al oficialismo, contra los privilegios de los políticos. En resumen, usaron el caso de Alberto Fernández para respaldar la necesidad de un ajuste en la elite gobernante, mejor conocido como la aplicación de “la motosierra”.
Sin embargo, en estricta reserva, fuentes del anterior gobierno explicaron que el motivo de la medida no era económico, sino político, y que el meollo de la cuestión estaba en las competencias de cada área. Según deslizaron, Cristina Kirchner no quería bajo ningún punto de vista que Bullrich, a quien acusó, literalmente, de conspirar para asesinarla, tuviera la responsabilidad de su seguridad.
Según esa versión, la ex vicepresidenta le pidió a Alberto Fernández que se ocupara —antes de abandonar el poder— de traspasar esa sensible tarea a la Casa Militar, que comanda el coronel mayor Alejandro Guglielmi desde la gestión de Mauricio Macri y continúa al mando. Según pudo saber Infobae, la Casa Militar no estuvo de acuerdo con este cambio, porque consideraba que el sistema funcionaba sin problemas en manos del Ministerio de Seguridad. En el entorno de la ex vicepresidenta no hicieron comentarios al respecto. “Son temas de seguridad”, dijeron.
Con el tema del recorte de privilegios como principal caballito de batalla de los libertarios, ayer no sorprendió demasiado que Patricia Bullrich —una de las únicas referentes de Pro que se incorporaron al Gabinete— anunciara que dejaría sin efecto el decreto firmado por el —ya— ex presidente. La funcionaria lo adelantó en su cuenta de la red social X, con un mensaje centrado, justamente, en la eliminación las ventajas de los políticos. Y, para hacerlo prácticamente oficial, sumó el documento que pondría en ejecución la medida, que implicaba que el funcionamiento de los cuidados de los ex mandatarios siguieran tal como hasta el 7 de diciembre.
Sí hubo sorpresa esta mañana, cuando quedó en evidencia que la funcionaria había borrado el tuit con el anuncio y la derogación brilló por su ausencia en el Boletín Oficial.
En el entorno de Bullrich se desentendieron. Dijeron que tanto la eliminación del decreto como la decisión de mantenerlo —es decir, de dar marcha atrás— había sido un pedido directo de la Casa Rosada. Y no supieron detallar qué pasará a continuación. “Patricia no estaba ocupada de este tema, sino del narcotráfico en Rosario y de la contención de la calle. Se lo pidieron y avanzó. Pero después le dijeron que había un error en el documento y ahora lo están reviendo”, dijo un funcionario.
En la Presidencia no respondieron a las consultas de este medio sobre lo ocurrido. Pero en el entorno de Alberto Fernández aseguraron que Milei había estado de acuerdo, antes de asumir, con mantener el cambio. Para respaldar esta afirmación, señalaron hechos de público conocimiento que se vieron el domingo durante la asunción presidencial en el Congreso: la buena predisposición de Cristina Kirchner hacia el líder libertario durante la ceremonia, y el brevísimo y llamativo comentario que le hizo el flamante jefe de Estado en ese momento: “Quedate tranquila”.
Fuentes oficiales con conocimiento en el área jurídica del Estado y, en particular, en temas de seguridad, explicaron a Infobae que la custodia de la seguridad de los ex mandatarios (incluidos los ex presidentes y ex vicepresidentes) siempre estuvo vigente, inclusive fuera de las fronteras. Así, Mauricio Macri suele llevar custodios oficiales a otros países. Pero, por usos y costumbres, no aplicó nunca a estadías prolongadas en el exterior.
Esta tarde, Alberto Fernández publicó un largo mensaje en una serie de tuits, donde deslizó que el tema central giraba en torno a Cristina Kirchner y las sospechas sobre Patricia Bullrich: “El decreto 735/23 que yo suscribí, solo puso la dependencia funcional del servicio de custodias de los ex presidentes y vicepresidentes en la Órbita de la Casa Militar y la Secretaria General, organismos que siempre tuvieron la función de custodia del Presidente en ejercicio. Ello obedeció a que es público y notorio que la ministra de seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado”, dijo.
La trama sigue abierta. Patricia Bullrich suele confrontar, cada vez que tiene ocasión, de manera directa y muy dura con el kirchnerismo. Y esta tarde tendrá todo el protagonismo cuando brinde una conferencia de prensa para anunciar cómo contendrá las protestas sociales durante el ajuste. Pero sobre todo, resta que la Casa Rosada se expida sobre el tema. Por ahora, la custodia de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández está en manos de la Casa Militar.
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